Resumen: La Disposición Adicional Cuarta del RD Ley 28/20 entiende cumplidos los requisitos exigidos en el art. 156.2 e) de la LGSS, cuando el personal de centros sanitarios o sociosanitarios hayan contraído el virus SARS-COV2, establece la presunción de que la enfermedad tuvo por causa exclusiva la ejecución del trabajo. La residencia, donde presta servicios la trabajadora como gerocultora, es un centro de alojamiento para personas mayores, esto es, un centro gerontológico "de desarrollo personal y atención socio-sanitaria interdisciplinar" (se trata, por tanto, de un centro socio-sanitario. No es dudoso que dispone de autorización administrativa de funcionamiento). Tampoco es dudoso que está inscrito en el registro correspondiente. La Disposición Transitoria Tercera del Decreto 43/2011, dispone que "Los centros autorizados con arreglo al Decreto 79/2002, de 13 de junio, e inscritos en el antiguo Registro de centros de servicios sociales, se integrarán automáticamente en el Registro de Entidades, Centros y Servicios Sociales del Principado de Asturias" (apartado 1). Se cumplen, por tanto, todos los requisitos exigidos para la consideración del proceso de incapacidad temporal iniciado por la trabajadora el 24 de octubre de 2020, con el diagnóstico de infección debida a coronavirus, como derivado de accidente de trabajo, tal y como resolvió el INSS.
Resumen: ES DEL ILMO. SR. MAGISTRADO DON JOSÉ MANUEL SUÁREZ ROBLEDANO, PERO NO ESTÁ AÚN DADO DE ALTA EN EL SISTEMA GPRO DE ESTA SALA
Resumen: UNICO.- El derecho a la tutela judicial efectiva del art. 24 CE recoge el acceso a los Tribunales, que se plasma en el denominado principio pro actione (STC 12-12-2005, Sentencia 304). Ello determina que el ejercicio de las acciones no se limite solo a la instancia, si bien en la fase de recurso puede existir alguna restricción que se haya previsto el legislador, salvo en materia penal (STS 17-9-2015, recurso 238/2014).
Resumen: PRIMERO.- El juzgado de lo social número dos de Bilbao ha dictado sentencia el 14/01/2022 desestimando la demanda por despido interpuesta por la trabajadora demandante contra la mercantil GARNICA SA, siendo parte FOGASA y MINISTERIO FISCAL, en la que solicitaba se declare la nulidad del despido de la actora por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva en la vertiente de garantía de indemnidad y subsidiariamente su improcedencia, resolviendo la juzgadora que la actora no ha sido objeto de despido alguno sino de una válida finalización de su contratación temporal.
Resumen: UNICO.- El Servicio Público de Empleo Estatal recurre la sentencia que, estimando la demanda de la trabajadora, le reconoció el derecho a consolidar las prestaciones por desempleo que había percibido durante el período comprendido entre el 16 de Marzo y el 31 de Julio de 2020 y más concretamente las percibidas tras el 1 de Junio de 2020 en que la demandante trabajó con la jornada reducida en un 75%.
